| Resumen |
Hace un año que el gobierno de la nación inició la puesta en marcha de una serie de medidas de ajuste económico y de recorte de derechos, sobre todo a los trabajadores, entre los que se encontraba la reforma laboral. Sobre ésta última estaban perfectamente claras, al menos para una gran parte de los analistas, dos cuestiones: en primer lugar, esa reforma era totalmente innecesaria para encarar el que era considerado por la gran mayoría de los ciudadanos como el gran problema, el abultado y permanentemente creciente desempleo, la reforma laboral, tampoco el resto de medidas, no era ni mucho menos el instrumento adecuado para la creación de empleo, o para la recuperación del mismo; en segundo lugar, el único objetivo real era minar los derechos de los trabajadores y reforzar el ya bastante omnímodo poder de los empresarios a la vez que se doblegaba el país tanto a los intereses de los “mercados” (ese extraño invento-tapadera del que debemos ser plenamente conscientes que está formado por un exiguo grupo de individuos con nombres y apellidos que de uno u otra forma todos conocemos o que al menos son fácilmente identificables, por ejemplo, los que se reunieron en los USA con el presidente del gobierno, o en la Moncloa con el mismo y en La Zarzuela con Juan Carlos), como a las exigencias de las instituciones nacionales e internacionales de claro signo neoconservador (FMI, G-20, BCE, la Comisión Europea, Banco de España, Círculo de Empresarios, CEOE, entre otros). |
